La jornada estuvo presidida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y contó con la participación de ministros, secretarios de Justicia y referentes del área de todas las provincias.
Biaggini valoró la importancia del CoFeJus y lo definió como “un ámbito de intercambio de información y experiencias regionales, como así también de generación de consensos para orientar las políticas públicas referidas al servicio de Justicia”.
Estuvo presente además, el director de Asuntos Penitenciarios, José Luis Mondragón, quien participó en la mesa de asuntos de su área.
Cartas de Compromiso
Las provincias participantes firmaron diversos acuerdos a fin de consensuar políticas buscando fortalecer el sistema judicial argentino.
La primera tiene que ver con las “políticas de trasparencia”, donde los firmantes se comprometen a profundizar las medidas necesarias para fortalecer la integridad y la transparencia en la gestión de los asuntos públicos que aumenten la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Así como también a “promover la implementación” de esas medidas en el ámbito del Poder Judicial y los Ministerios Públicos.
La segunda carta tiene que ver con la conformación de una Red Federal de Política Criminal, que busca dar mayor eficiencia al combate de delitos complejos, mediante la construcción y desarrollo de la política criminal consensuada y transversal en todo el país, que logre estrategias comunes.
Dicha Red debe “contar con la acción coordinada de las diversas entidades del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen funciones frente al delito, protegiendo y garantizando los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
“La política criminal debe centrarse en la víctima. Garantizándole la tutela efectiva de sus derechos y la participación a lo largo de todo el sistema penal”, sostiene la carta de intención rubricada.
Asimismo deja sentado que las provincias deben “potenciar el uso de la tecnología en los sistemas de administración de justicia penal, instaurar la gestión digital de los casos en los poderes judiciales y los Ministerios Públicos y utilizar la innovación tecnológica para el desarrollo de una persecución penal acorde a los desafíos del presente”.
Las provincias se comprometen a “fomentar la apertura de datos de los organismos del sistema de justicia penal y la generación de información estadística útil para el diseño de la política criminal”.
Finalmente, Entre Ríos adhirió a una tercera carta de intención relacionada con la “simplificación normativa”, tendiente a “lograr una justicia más cercana a la comunidad, independiente, con un funcionamiento transparente, que brinde respuestas y que resuelva los conflictos con más eficacia y rapidez”. Para lo cual los estados se comprometieron a “profundizar las medidas necesarias para el desarrollo de los mecanismos útiles para la simplificación normativa, y a colaborar recíprocamente a ese fin”.
(Prensa Ministerio de Gobierno)