La Ley provincial Nº 10.383 de Regulación de la Instalación de Estructuras Soporte de Sistemas de Radiocomunicaciones, Antenas, e Infraestructuras Relacionadas fue aprobada por unanimidad en 2015 en la legislatura provincial. Bajo la premisa de que no existe calidad en telecomunicaciones sin la infraestructura necesaria, el área de telecomunicaciones de Entre Ríos, en conjunto con otros actores sociales trabajaron para dar forma a esta ley que tiene por objeto estipular requisitos comunes que permita a provincia y municipios, el abordaje de la cuestión desde una misma mirada.
Marcelo Borghesan, viceintendente de Chajarí destacó que la instalación de antenas “es un tema regional que compete directamente a todos los municipios es por eso que nos interesa generar estos espacios para poder difundir el marco regulatorio a nivel provincial”. Expresó además que en Chajarí tienen pedidos de instalación de antenas de empresas de telefonía por resolver y que el asesoramiento del área de telecomunicaciones de la provincia les sirve mucho para poder avanzar en los requerimientos.
En tanto, Bilbao expresó: “Entendemos que uno de los grandes objetivos de esta gestión es que en toda la provincia tengamos una legislación uniforme ya que esto da previsibilidad tanto a quienes invierten como empresarios en estructuras portantes pero también al propio Estado al tener un marco en el cual saber regularse”. Por otro lado, explicó que la autonomía municipal permite que los municipios adhieran por ordenanza a esta ley que ya existe en la provincia y fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, pueden adherir en forma total o con agregados que la autonomía le permite.
Respecto al origen de la Ley, Reyes explicó que se comenzó en 2013 a trabajar al notar que “había una enorme disparidad en localidades de la provincia acerca de lo referido a estructuras portantes. Existían legislaciones antiguas y muy restrictivas que no permitían la instalación de nuevas estructuras de telecomunicaciones lo cual no acompaña el gran desarrollo que van teniendo las comunidades sobre todo en términos de necesidades de comunicación”.
Benavidez, a su vez, detalló los aspectos técnicos de la ley y las experiencias en los municipios que ya han adherido. Además, destacó la mano de obra local que genera la aplicación de la ley ya que para la instalación de una nueva estructura se necesita de la firma de un profesional en ingeniería, además de la evaluación legal y contable de profesionales para tal fin. “Esta ley prioriza la labor de los actores sociales de nuestra región”, agregó Benavidez.