Para Stratta, esta iniciativa "que nació originalmente de la universidad pública, es fruto también del legado de las Abuelas de Plaza de Mayo quienes con su lucha ininterrumpida han construido colectivamente la relevancia del derecho a la identidad de las personas, en la búsqueda de sus nietas y nietos". Y remarcó: "Cada vez que las Abuelas encuentran a un nieto o nieta, nos encontramos con una historia de vida atravesada por documentos alterados, omisiones y otros instrumentos que permitieron que sus identidades sean robadas. Porque con cada encuentro nos acercamos a la verdad, celebramos este nuevo paso que dimos en nuestra provincia".
Presentado originalmente por el exdiputado Pedro Báez, el texto se asienta sobre los resultados de un proyecto de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que investigó durante tres años los procesos de adopción llevados adelante en Entre Ríos entre 1973 y 1983.
Al frente del equipo de investigación estaba Gladis Martínez, junto a Marta Merlotti, Marcos Combet Lambert, Clarisa Sobko, Mariela Elizalde, Adriana Beade y Carmen Tibaldi, entre otros docentes y alumnos.
En este marco, Martínez realzó la importancia de la norma y precisó que “no solamente contempla el acompañamiento en la elaboración subjetiva a través de un equipo interdisciplinario de quienes buscan su identidad, sino también cómo preservar los archivos que hacen a la identidad de las personas, lo que merece un tratamiento adecuado”.
Por otra parte, subrayó: “Esta ley tiene una función fundamental para la cultura, y es un acto tremendamente reparatorio por parte del Estado porque lo que trata de lograr es de permitirle a los ciudadanos el derechos a poder armar su árbol genealógico, cosa que casi tres millones de personas que buscan su identidad lo tienen interrumpido y la gran mayoría de las veces porque el Estado intervino mal, estuvo ausente o porque faltó la presencia del Estado”.
“Es impensado ver hasta donde llegamos”, enfatizó luego y puso el acento en “el orgullo” que representa que el puntapié inicial de la ley haya surgido de la universidad pública.
En ese sentido, la decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, Sandra Arito, consideró: “Entendemos que hemos puesto nuestro grano de arena en contribuir a la ampliación de derechos y sobre todo en la garantía de un derecho elemental como es el de identidad”.
Tras agradecerle el acompañamiento a la vicegobernadora, senadores y senadoras, a diputadas y diputados entre ellos al impulsor de la ley, Pedro Báez, y a los organismos de Derechos Humanos entrerrianos “por haber participado y permitido que hoy se llegue a este ley”, la académica le dedicó un reconocimiento a todo el equipo de la Facultad a cargo de la investigación, a su directora Gladis Martínez y a la docente jubilada Marta Merlotti de Churruarín, “baluarte del derecho administrativo”, resaltó.
Otra de las voces que expresaron su satisfacción por la sanción de la ley que consagra el Derecho a la Identidad en la provincia, es la de la presidenta de la Agrupación H.I.J.O.S. regional Paraná, Clarisa Sobko, para quien “la implementación de esta ley va a cambiar principalmente a las instituciones del Estado entrerriano para posibilitar un cambio en ellas, en el resguardo de la documentación que hable sobre la identidad de las personas”.
Al dar cuenta de las dificultades que se les presentan a quienes concurren a organismos del Estado en búsqueda de ese tipo de material, consideró que a partir de esta nueva legislación “se van a generar otras acciones que tengan que ver con la facilitación y entrega de documentación”.
Por otro lado, la representante de H.I.J.O.S. Paraná no ocultó su expectativa respecto al Área de Promoción y Protección del Derecho a la Identidad cuya creación establece la norma aprobada. Sobre este punto, se declaró a favor de que se ponga en valor estos espacios y recursos, “inclusive en municipios”, para que puedan atender esas situaciones y acompañar los procesos de búsqueda de identidad.
“Sabemos que las personas que buscan su identidad, cuando no la encuentran, no saben de quiénes son hijos, es algo muy duro y es un daño muy profundo en la subjetividad y hay muchos procesos de adopciones que no encuentran registro de quiénes son sus padres porque el Estado garantizó que esos registros no existieran”, relató. En consecuencia, reactualizó el sentido de la ley recientemente sancionada porque “va a posibilitar otro cambio, una Entre Ríos con más derechos y esto va a transformar muchas realidades”, sostuvo.
Aprobación unánime
Con el apoyo unánime de los senadores y senadoras entrerrianas, se sancionó en la noche de este miércoles la Ley de Identidad de Origen, una norma que como su nombre lo indica, garantiza el derecho a la identidad de origen a todas las personas nacidas en el territorio de la provincia de Entre Ríos. Se trató de la tercera sesión ordinaria del 141° Período Legislativo, la primera lograda de manera virtual, respetando las recomendaciones sanitarias por la pandemia generada por el COVID 19, en el marco de la aplicación del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Durante su intervención, la titular de la Comisión de Legislación General, Claudia Gieco (Diamante -FJ Creer ER) indicó que hubo en nuestro país una apropiación sistemática de bebés durante la última dictadura cívico militar, por lo que se hacía preciso trabajar sobre ese período y además entregar a la provincia una nueva legislación apropiada y moderna para que todos puedan tener acceso a los datos ciertos sobre su origen.
Mencionó que Argentina ha tomado para sí los alcances de tratados internacionales y además en la Constitución Entrerriana, en su artículo 10°, da un marco para este proyecto de ley. "El Estado ha asumido una verdadera obligación por la que debe velar por el derecho de todas las personas, reconocerlas y preservar la identidad de origen", expresó Gieco mediante videoconferencia.
Por su parte, el senador Rubén Dal Molin (Federación - JxC) recordó que se trata de una iniciativa que tuvo apoyo unánime en la Cámara baja, buscando garantizar el derecho a la identidad de origen.
También destacó el trabajo de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, que revela las dificultades que planteaba la legislación para construir historias de vida. “Estamos ante un derecho fundamental y primario como es el de la identidad”, añadió el legislador entrerriano en la sesión remota.
Consideró que "la búsqueda de identidad es parte de la cotidianidad, ya que muchos pueden conocer algún entrerriano que indagó en búsqueda de su real origen" y resaltó el avance que significa la aprobación de esta normativa.
Según la ley, quien dude sobre su identidad, tendrá acceso gratuito a toda información relacionada con su persona, ya sea material perteneciente a un registro público o privado. Y por eso, en su articulado detalla los procedimientos para el acceso a los registros de los organismos e instituciones, la solicitud de información y documentación, y además, estipula la creación de un Área de Promoción y Protección del Derecho a la Identidad como también un Órgano de Revisión de las Políticas de Derecho a la Identidad en la provincia.